La transformación digital y el avance de la Inteligencia Artificial ofrecen nuevas oportunidades, pero también plantean desafíos para millones de personas mayores. Cuando realizar un trámite, acceder a la salud o administrar el propio dinero depende del manejo de una aplicación, la inclusión digital deja de ser una cuestión tecnológica para convertirse en un asunto de derechos humanos.

 

Un mundo cada vez más digitalizado

Solicitar un turno médico, consultar un recibo de jubilación, realizar una transferencia bancaria, acceder a una receta electrónica o comunicarse con un organismo público son actividades que forman parte de nuestra vida cotidiana.

Sin embargo, lo que para algunas personas representa una solución rápida y sencilla, para otras puede convertirse en un verdadero obstáculo.

La transformación digital avanza a un ritmo acelerado y la Inteligencia Artificial comienza a ocupar un lugar cada vez más importante en nuestras relaciones con el Estado, los servicios de salud, las entidades financieras y los sistemas de comunicación.

Frente a esta realidad surge un interrogante que merece ser debatido: ¿qué sucede con aquellas personas que no cuentan con las herramientas necesarias para desenvolverse en este nuevo escenario?

La pregunta adquiere especial relevancia cuando hablamos de las personas mayores, un sector de la población que no siempre es contemplado en el diseño de las nuevas tecnologías.

El problema no es simplemente aprender a utilizar un teléfono celular. Lo que está en juego es la posibilidad de ejercer derechos, mantener la autonomía y participar plenamente en la sociedad.

La brecha digital: mucho más que tener acceso a Internet

Durante años, hablar de brecha digital significaba referirse principalmente a las diferencias entre quienes tenían acceso a computadoras, teléfonos celulares o conexión a Internet y quienes carecían de esos recursos.

Hoy esa definición resulta insuficiente.

Muchas personas mayores cuentan con teléfonos inteligentes, utilizan WhatsApp, participan en redes sociales y mantienen contacto con familiares y amigos a través de medios digitales.

Sin embargo, disponer de un dispositivo no significa necesariamente contar con las habilidades o las condiciones necesarias para realizar determinados trámites o acceder a servicios esenciales.

Es aquí donde aparece lo que los especialistas denominan segunda brecha digital, también conocida como brecha de uso.

Esta desigualdad se manifiesta cuando una persona tiene acceso a la tecnología, pero encuentra dificultades para utilizarla de manera autónoma y aprovechar sus posibilidades.

Pensemos en situaciones concretas.

Una persona mayor necesita solicitar un turno médico, pero el sistema solo permite hacerlo a través de una aplicación que no comprende.

Otra intenta realizar una consulta previsional y se encuentra con una plataforma que exige contraseñas, validaciones y procedimientos que le resultan complejos.

También están quienes, por temor a equivocarse o sufrir una estafa, terminan delegando en familiares o terceros la administración de sus cuentas bancarias.

En todos estos casos, la dificultad tecnológica puede transformarse en una situación de dependencia y pérdida de autonomía.

La exclusión digital comienza a convertirse, entonces, en una nueva forma de exclusión social.

¿Las personas mayores deben adaptarse a la tecnología o la tecnología a las personas?

Con frecuencia escuchamos expresiones como «los mayores no entienden la tecnología» o «les cuesta adaptarse a los cambios».

Estas afirmaciones, además de generalizar, trasladan toda la responsabilidad a las personas mayores.

Pero ¿qué sucede cuando las aplicaciones son demasiado complejas, los procedimientos cambian constantemente o desaparecen las alternativas de atención presencial?

¿Es justo exigir que todas las personas tengan las mismas competencias digitales, independientemente de su edad, sus experiencias, sus posibilidades económicas o sus condiciones personales?

El verdadero desafío consiste en comprender que las personas mayores constituyen un grupo diverso, con distintas trayectorias, intereses, conocimientos y capacidades.

No todas tienen las mismas dificultades, así como tampoco todas necesitan idénticos apoyos.

Por eso, la inclusión digital no puede depender exclusivamente del esfuerzo individual por aprender a utilizar nuevas herramientas.

También requiere que los organismos públicos, las instituciones y las empresas desarrollen plataformas accesibles, procedimientos sencillos y alternativas de atención que respeten las necesidades de toda la población.

La tecnología debe estar al servicio de las personas y no convertirse en una condición que determine quién puede ejercer sus derechos y quién queda excluido.

La Inteligencia Artificial: oportunidades y nuevos desafíos

La expansión de la Inteligencia Artificial abre un escenario de enormes posibilidades.

Sus aplicaciones pueden contribuir a mejorar la atención sanitaria, facilitar la comunicación, favorecer el aprendizaje y simplificar numerosas actividades cotidianas.

Para las personas mayores, estas herramientas también pueden representar oportunidades para fortalecer su autonomía, mantenerse informadas y participar activamente en la sociedad.

Sin embargo, su incorporación plantea nuevos interrogantes.

¿Qué ocurre cuando la atención de un organismo es reemplazada por un sistema automatizado que no logra interpretar las necesidades de quien consulta?

¿Cómo se garantiza que una persona mayor pueda recibir información clara, comprender las respuestas y resolver sus problemas sin depender permanentemente de terceros?

La innovación tecnológica no debería significar la desaparición del trato humano.

Por el contrario, los avances deben contribuir a mejorar la calidad de vida, respetando las particularidades y los derechos de cada persona.

La inclusión digital también es una cuestión de derechos humanos

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores reconoce principios fundamentales como la autonomía, la independencia, la igualdad, la participación y la no discriminación.

Estos principios adquieren una importancia particular en una sociedad donde numerosos derechos se ejercen a través de plataformas digitales.

Si una persona no puede acceder a una prestación de salud porque desconoce cómo utilizar una aplicación, o encuentra obstáculos para realizar un trámite previsional porque el sistema resulta inaccesible, estamos frente a una problemática que trasciende lo tecnológico.

Desde esta perspectiva, la inclusión digital debe entenderse como una condición necesaria para garantizar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales.

Esto implica promover políticas públicas de alfabetización digital, pero también garantizar sistemas accesibles, información comprensible y canales alternativos de atención.

No se trata de rechazar los avances tecnológicos, sino de evitar que su implementación profundice desigualdades existentes.

La experiencia de El Espacio de los Grandes

Desde la Fundación El Espacio de los Grandes venimos trabajando en la promoción de los derechos, la autonomía y la participación de las personas mayores.

Esta experiencia nos permite reconocer que la transformación digital constituye uno de los desafíos más importantes del envejecimiento en la sociedad actual.

En el marco de la jornada «Nuevos formatos y lenguajes en las organizaciones en tiempos de IA», presentamos una reflexión sobre esta problemática, acompañada por un relevamiento exploratorio realizado con personas mayores de la ciudad de San Luis.

La propuesta buscó incorporar sus voces, experiencias, percepciones y temores frente a las nuevas tecnologías y, particularmente, ante el avance de la Inteligencia Artificial.

Porque hablar de inclusión digital también significa escuchar a quienes enfrentan cotidianamente las dificultades de un mundo que cambia de manera acelerada.

Las personas mayores no deben ser consideradas simples destinatarias de decisiones tecnológicas tomadas por otros.

Tienen derecho a participar, opinar y ser escuchadas en la construcción de una sociedad digital verdaderamente inclusiva.

El desafío es incluir, no dejar a nadie atrás

La tecnología puede acercar personas, facilitar gestiones, abrir oportunidades de aprendizaje y contribuir a una vida más autónoma.

Pero también puede generar nuevas barreras cuando su desarrollo no contempla la diversidad de quienes integran la sociedad.

El envejecimiento poblacional y la transformación digital son dos grandes procesos de nuestro tiempo. Lejos de avanzar por caminos separados, deben ser abordados de manera conjunta por las políticas públicas, las instituciones y la sociedad civil.

La inclusión digital de las personas mayores no puede ser entendida como una concesión, una ayuda ocasional o un gesto de solidaridad.

Es una responsabilidad colectiva vinculada con el respeto de los derechos humanos.

El verdadero progreso tecnológico no debería medirse solamente por la cantidad de trámites que podemos realizar desde un teléfono, sino también por la cantidad de personas que pueden acceder a ellos sin perder su autonomía, su dignidad ni sus derechos.

Porque una sociedad verdaderamente moderna no es aquella que simplemente incorpora más tecnología, sino aquella que consigue que sus avances estén al alcance de todas las generaciones.

La tecnología debe adaptarse a las personas, y no las personas quedar excluidas por no poder adaptarse a ella.