Se trata de la moratoria encuadrada en la ley 26.970, que les permitía a las mujeres de 60 a 64 años de edad declarar deudas por aportes correspondientes a períodos anteriores al 2004.

Por ahora solo quedará en pie una sola moratoria, la de la ley 24.476, que es más limitada (por ejemplo, a las mujeres que cumplen 60 años ahora les permite declarar 12 años y 10 meses de deuda y, a los varones, 17 años y 10 meses, dentro de un período delimitado).

Por otra parte, sigue vigente la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), un ingreso mensual que equivale al 80% del haber mínimo y que exige como requisito tener 65 años, independientemente de si el solicitante es varón o mujer. Sería esta una opción para las mujeres, aunque para ello deberán esperan a cumplir los 65 años de edad. Esta prestación no contempla (como tampoco lo hace el sistema contributivo) un régimen de proporcionalidad.En general es  considerado injusto por los  especialistas en la materia, porque cobra lo mismo quien no tiene ningún aporte que quien contribuyó, por caso, durante 20 años y para acceder se debe pasar un examen socioeconómico (al igual que la moratoria, no es para la totalidad de la población).

Ahora todas las expectativas están centradas en las sesiones extraordinarias a convocarse para el mes de enero por el Ejecutivo Nacional. Dentro del paquete de medidas a tratarse esta incluida la nueva moratoria previsional que ya tiene media sanción en el senado y también cuenta con dictamen de la Comisión de Seguridad Social de Diputados del Congreso de la Nación

Si la cámara de diputados convierte finalmente en ley el proyecto sobre el “plan de pago de deuda previsional”, se pondrá en vigencia un esquema para que, durante un plazo de dos años, quienes ya tengan o cumplan la edad jubilatoria (60 años las mujeres y 65 años los varones), y no reúnan los requisitos que exige la ley para obtener una prestación, accedan a “comprar a crédito” y con subsidio estatal, períodos de aportes. La adhesión al programa permitiría acceder al cobro de un haber mensualmente, del que se descontarían, durante un lapso de hasta 120 meses, las cuotas para cancelar la deuda declarada con el Estado.